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30 de diciembre de 1998, Cuba Free Press.

SOBRE EL DECRETO LEY NÚMERO 151 DEL '94 Por Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.

La Habana, Cuba Free Press.— Alrededor de la cuarta parte de la ley de Procedimiento penal cubana, fue modificada por el decreto ley 151, de 1994. Las modificaciones, unas veces unifican artículos, como ocurre con el 1 y el 3 para introducir en el procedimiento, con este último número, una facultad de tribunales y fiscales que por acuerdo se venía ejecutando.

En otros casos, el artículo 5, por ejemplo, se adiciona al tribunal militar jurisdiccional para conocer de hechos ocurridos en zonas militares, aunque los acusados sean todos civiles.

El inciso 2, del artículo 45, en cambio, sólo difiere en la forma: "2: La firma del disidente" por "la firma del juez que emitió su voto particular".

Hay, sin embargo, otras modificaciones que se justifican, la del artículo 160 es más interesante, pues excluye el último párrafo que establecía cómo proceder ante un acusado menor de 16 años, en contradicción flagrante con el artículo 16 del Código penal que dice: "La responsabilidad penal sólo es exigible a la persona que tenga 16 años cumplidos en el momento de cometer el acto punible."

Asimismo el artículo 160 introduce un nuevo párrafo que autoriza continuar el proceso aunque el acusado falsee o niegue los datos sobre su verdadera identidad.

Esta modificación muestra, a nuestro modo de ver, los siguientes aspectos: 1) Se reafirma lo preceptuado en el artículo 162 en cuanto a que ningún acusado está obligado a declarar en su contra, ya que toca a los agentes de la autoridad determinar su identidad y 2) Resuelve un hecho cada vez más frecuente que desde hace años se presenta en Cuba, y es la declaración de falsa identidad por acusados que han llegado a cumplir prisión con nombres y Carné de identidad de otras personas. Además de los muchos que no portan documentos de identidad.

Más importantes que las anteriores es la modificación del capítulo 2: 2Del aseguramiento del acusado". Para que se entiendan los términos técnicos que utiliza la ley, es conveniente aclarar que asegurar a un acusado es garantizar su presencia cada vez que sea necesario en el proceso de instrucción y en el día del juicio oral, lo cual se hace, según el caso, mediante las medidas cautelares, una de las cuales es la prisión provisional.

Con relación a esta modificación, el artículo 245 de la ley original, en su tercer párrafo preceptuaba: "… si el fiscal decreta la prisión provisional o impone cualquier otra de las medidas cautelares autorizadas por esta ley, remite las actuaciones al tribunal, el cual, dentro del término de 72 horas y mediante resolución fundada, confirma lo resuelto por aquel, deja sin efecto la medida o acuerda otra en su lugar".

"Contra resolución que dicte el tribunal no cabe recurso alguno". Dándole así, como en los procedimientos anteriores, la facultad al tribunal, que al menos se supone un elemento imparcial en el proceso. Hoy, sin embargo, el artículo 247 dispone: "El fiscal, recibida la propuesta del instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, adoptará, dentro del término de 72 horas, la decisión que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley o dispone la libertad del acusado."

Es indudable que esta modificación cuando deja el aseguramiento del acusado en manos del fiscal, que no es más que la parte acusatoria del proceso y, por tanto, no tiene que ser imparcial, afecta considerablemente las garantías del acusado y puede dar lugar a violaciones de los derechos de la persona humana.

Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.


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