Desde Dentro de Cuba.

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La Habana, 28 de agosto de 1998, Cuba Free Press.

EL QUE HIZO LA LEY… Por Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.

La Habana, Cuba Free Press.-- "Una constitución, señores, es un tipo de ley muy interesante, porque ha de definir derechos y ha de hacerlo en forma que en su práctica no se produzcan equivocaciones por un lenguaje inadecuado usado en las reglas de la constitución".

Este criterio vertido en la Convención de 1940 por el delegado José Manuel Cortina, bien puede aplicarse a todas las leyes, en cuanto estas deben expresar sus preceptos de manera que no den lugar a contradicciones o interpretaciones contrarias al derecho que deben proteger.

Pero es al Procedimiento Penal, Ley No. 5 de 1977, modificada profusamente por el Decreto Ley No. 151 en 1994, al que vamos a referirnos. Señala esta Ley en su Artículo 252 cuando procede la prisión provisional y exige: "1) Que conste de las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito; 2) Que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el tribunal pueda formar su convicción en el acto de dictar sentencia".

Parecen escasos los requisitos que el procedimiento exige para privar a persona de algo tan preciado como su libertad, mas aún si consideramos que para investigar un hecho no es necesaria esta severa medida cautelar.

Respecto al tiempo que puede estar en prisión provisional un cubano, la Instrucción 53 de 1977, aún en vigor, dispone la modificación de la misma cuando, por su duración alcance al límite inferior de la sanción que señale el delito.

Quiere decir que el acusado de un delito para el cual el Código Penal imponga una pena de 1 a 8 años de prisión, no podrá estar en prisión provisional por mas de un año.

A partir de ese momento, podría estar ilegalmente privado de su libertad y entonces sería factible establecer en su favor un proceso de habeas corpus. Recordemos que este proceso según el Sr. José Manuel Cortina, "es para defender al hombre, quien en tiempo de pasiones o tiranías es substraído de la vida social de un modo irregular".

Pero este procedimiento no es ya constitucional como en 1940, sino que se recoge en la Ley de Trámite. Tampoco mantiene la celeridad, urgencia y carácter excepcional. Ha pasado a ser un procedimiento con características similares a otros por distintas razones.

Puede el tribunal declinarlo por razón de competencia, puesto que el Artículo 468 señala esta pormenorización y si quien lo solicite no se ajusta a ella, es natural que se enfrentará a la negativa de la sala.

La solicitud de habeas corpus puede hacerla el propio detenido o cualquiera otra persona según el Artículo 467. Sin embargo, parece que quien lo interponga deberá tener suficiente conocimiento para poder consignar en el escrito las exigencias del 469: "1) La persona a cuyo favor se pida el mandamiento de libertad, el lugar donde se haya privada de ella, y la autoridad o su agente, o el funcionario que la mantenga en esta situación ; 2) Los motivos de privación de libertad, según el real saber y entender del peticionario; 3) Que la privación de libertad no haya sido dispuesta a virtud de sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito; 4) Si el encarcelamiento o privación de libertad existe por virtud de un auto, providencia o cualquier otra disposición, se agregará a la solicitud una copia del mismo a no ser que el solicitante asegure que, por razones de la traslación de la persona encarcelada o privada de libertad con anterioridad a la solicitud, no pueda exigirse tal copia o porque esta se exigió y fue rehusada su entrega; 5) El peticionario hará constar en que consiste la ilegalidad que aduzca; 6) Si el solicitante ignora algunas de las circunstancias que se señalan en este artículo deben también consignarlo expresamente".

Los requisitos son tantos que es muy difícil obtener la libertad de cualquier persona por este procedimiento. Una preocupación de muchos es conocer por cuánto tiempo puede estar en prisión provisional un acusado según nuestras leyes. Después del Decreto Ley 151 de 1994 se modificó la Ley de Procedimiento Penal, que incluye el artículo 107, y, por tanto, no es posible precisarlo.

El término que este artículo fija para la instrucción del expediente preparatorio es de 60 días, a partir del momento de la resolución de inicio, pero se concede una prórroga de 6 meses, contados desde la misma fecha. El propio artículo también dispone : "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente y previa solicitud razonada del correspondiente jefe provincial del Ministerio del Interior, o en su caso, del fiscal jefe provincial, el fiscal general de la República puede conceder un nuevo término para la conclusión de la instrucción del expediente de fase preparatoria".

Esta última prórroga no señala el tiempo por el cual puede ser concedida, por lo que parece que pudiera prolongarse aún sobre los límites a que se refiere la Instrucción 53 ya citada.

De todas formas, debemos suponer que la última prórroga del Artículo 107 debe ser excepcional, no obstante ello no excluye su aplicación en casos como el de los cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna: Marta Beatríz Roque Cabello, René Gómez Manzano, Félix Bonne Carcasés y Vladimiro Roca Antúnez, que hace un año y un mes que esperan se concluyan sus expedientes de fase para que les sea celebrado un juicio, mientras se hayan en prisiones de mayor rigor, aislados o junto a sancionados por delitos graves.

En favor de estos luchadores por la democracia en Cuba, recientemente se solicitaron recursos de habeas corpus que fueron denegado precisamente por no estar concluido el expediente de fase, pues parece que se alegó el término de la Instrucción 53, y como quiera que el fiscal no ha elevado las conclusiones provisionales e imputado el delito por el que se les va a juzgar, no puede saberse cual es el límite inferior.

Otro caso que guarda prisión desde hace un año y tres meses en espera del juicio oral, es el de Reynaldo Alfaro García, a pesar de que hace muchos meses concluyó el expediente de fase y se radicó su causa, sólo ahora se ha fijado el juicio para el 28 de agosto del presente año.

No por repetido, es ocioso llamar la atención sobre las violaciones de los derechos que ampara la Carta Universal. Cada cubano que lo sufre merece nuestra observación.

Las leyes en Cuba se elaboran para cumplir las necesidades de un régimen, de un partido, de un sistema. Las autoridades tienen todas las posibilidades para actuar dentro de los preceptos que ellos mismos crean y sin respeto a los derechos que dicen garantizar, como ejemplo, el primer artículo del Procedimiento Penal que dice: "Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él …" Mas pudiéramos aseverar, por el contrario, que todo acusado en Cuba se considera culpable antes de ser juzgado. Esa es la trampa de nuestra ley.

Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.


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