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La Habana, 19 de agosto de 1998, Cuba Free Press.

LA PELIGROSA PELIGROSIDAD Muchos letrados llaman a esta ley "engendro anti-legal". Por Ofelia Nardo Cruz, Cuba Press.

La Habana, Cuba Free Press.— La institución del estado peligroso y los índices de peligrosidad ya se recogían en el Decreto Ley 802 que rigió desde el 8 de octubre de 1938, hasta febrero de 1979, como el Código de Defensa Social, aunque sufrió múltiples modificaciones.

El artículo 48 del CDS definía al estado peligroso como: "A) Se entiende por estado peligroso cierta predisposición morbosa congénita o adquirida mediante el hábito que destruyendo e enervando los motivos de inhibición favorezca la inclinación de delinquir de un sujeto."

El Código Penal vigente, en cambio, dice en el artículo 72: "Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se haya una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista."

Obsérvese la diferencia pues el primero situaba la peligrosidad como una predisposición, algo distante de la voluntad del individuo, el segundo da plena cabida a ésta y la sitúa como agresiva en relación con el concepto político que significa el sistema socialista.

No obstante, el Código reconoce índices de peligrosidad que son enfermedades como el alcoholismo, la narcomanía, la enajenación o retardo mental, siempre que esta última implique eximente de la responsabilidad penal y constituya amenaza para la seguridad de las personas.

La conducta antisocial como índice de peligrosidad se define en artículo aparte por el Código, que la describe como aquella que mediante actos violentos o provocadores dañan las reglas de convivencia o perturba el orden, practica o explota vicios socialmente reprobables o vive del trabajo de otro, dando cabida así al aspecto más esgrimido en la práctica para declarar a una persona en estado peligroso.

Y es que el trabajo como obligación siempre ha estado presente en la legislación cubana después de adoptado el comunismo. Ya en 1971 el artículo 8 de la derogada Ley 1, 231 (contra la vagancia) declaró delito la desocupación, cuando después de aplicadas medidas reeducativas persistía esta. La Constitución en su artículo 43 expresa que el trabajo es un derecho y un deber, dándole connotación de obligatoriedad pues en tanto que deber viene forzado su cumplimiento por mandato de ley.

Es por eso que en la aplicación de las medidas de seguridad predelictivas es importante la condición de trabajador del supuesto peligroso.

Sin embargo, es el artículo 75 el que ilustra mejor el uso de la peligrosidad contra opositores y disidentes al régimen: "1) El que sin estar comprendido en algunos de los estados peligrosos a los que se refiere el artículo 73 por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad, las demás personas y el orden social, económico y político del estado socialista pueda resultar proclive al delito será objeto de advertencias por la autoridad policíaca competente, en prevención de que incurra en actividades socialmente peligrosas o delictivas.

"2) La advertencia se realizará en todo caso mediante acta, en la que se hará constar expresamente las causas que la determinan y lo que al respecto exprese la persona advertida, firmándose por esta y por el actuante."

Aunque este artículo comprende capítulo aparte está claro que incorpora un nuevo índice de peligrosidad, y comprende a los ciudadanos que enfrentan al sistema social, económico y político de la misma manera que establece el acta de advertencia que, luego, será parte importante del expediente que se curse al tribunal y prueba principal en el proceso.

Podría entenderse que estos sujetos serían proclives a cometer delitos como: propaganda enemiga, sedición, reunión, manifestación y asociación ilícita y otros, todos con una fuerte carga política. Es así como se trata de impedir la libertad del disidente pensamiento político cubano, dándole apariencia de delito común o actividad antisocial.

Las medidas de seguridad pueden ser predelictivas y pos delictivas, y como su nombre lo indica, estas últimas se aplican a sujetos que han cometido delitos pero pueden ser internados en prisiones por ser enajenados o retrasados mentales o declarados irresponsables, ser narcómanos o alcohólicos habituales, haberse enfermado de enajenación mental mientras cumplía prisión y los reincidentes y multi-reincidentes que extinguida la sanción de privación de libertad incumplan o interrumpan alguna obligación impuesta, como puede ser la prohibición de frecuentar algún lugar o el presentarse periódicamente ante el tribunal.

En los tres primeros casos puede aplicarse el internamiento en centros asistenciales, o de desintoxicación y posterior cumplimiento de la sanción impuesta. A los reincidentes corresponde el internamiento en centros de reeducación que podría ser de hasta cinco años. En este caso la medida de seguridad hace retornar al reincidente a la prisión, sin que haya vuelto a cometer delito.

Las medidas predelictivas pueden ser: terapéuticas, reeducativas y de vigilancia por la policía. Las medidas terapéuticas se aplican a enajenados o retardados, narcómanos y dipsómanos, y pueden consistir en internamientos hospitalarios, asignación a un centro de enseñanza especializada y tratamiento médico mientras dure la afección.

Las medidas reeducativas (de 1 a 4 años conforme al Código) se aplican a los considerados antisociales. La medida reeducativa más conocida --y parece la más aplicada-- es la de internamiento y aunque la ley dice "en centro de trabajo o estudio especializado", lo común es que este supuesto peligroso sea mandado a prisión cerrada o granja de trabajo con otros delincuentes.

Existe otra medida educativa consistente en la entrega del peligroso a un colectivo de trabajo para su control y orientación y este período puede ser, también, de 1 a 4 años.

El procedimiento, según la ley, comienza con la formación de un expediente que confecciona la policía con informes del actuantes, testimonios de testigos y las actas de advertencias que se le hayan confeccionado al supuesto peligroso. El artículo 415 de la Ley de Procedimiento Penal (que fue modificado por el Decreto Ley 128, de 1991) habla en plural de estas actas, lo que nos indica que continúa el uso de levantar al menos tres advertencias antes de dar curso al expediente de peligrosidad contra un supuesto antisocial que puede ser, de igual forma, un desafecto al régimen, como ya hemos visto.

Habitualmente cuando la policía concluye el expediente, dicta detención provisional contra la persona en cuestión. Además, presenta el expediente al fiscal que, si lo encuentra completo, lo pasa al tribunal luego de confirmar la detención.

Este expediente puede ser enriquecido tanto por el fiscal como por el tribunal pero las facultades de este último parecen limitadas en el número 6 del artículo 415 que dice: "El tribunal podrá, cuando lo entienda absolutamente necesario, tomar declaraciones a personas que conozcan o puedan conocer de las circunstancias personales o del hecho que se ventilan".

Dando a entender que estas declaraciones, que pudieran ser propuestas por la Defensa, aunque la ley no lo refiere, sólo se practicará en casos excepcionales.

El expediente es por tanto confeccionado sólo por la policía y el fiscal, salvo esa excepción. Después se produce la comparecencia donde tampoco pueden presentarse pruebas pues no es un juicio oral sino una comparecencia, como lo señala el número 7 del propio artículo: "El tribunal, en la fecha señalada, se constituirá para la celebración de la comparecencia y en ella oirá al presunto asegurado. En el acto de la comparecencia es obligatoria la intervención del fiscal y de un defensor."

En esta comparecencia el fiscal hace su descargo y el abogado su alegato, después que el sujeto contestó las preguntas del tribunal. Con estos elementos el tribunal tiene 24 horas para dictar una resolución disponiendo lo que a su parecer proceda aunque por lo regular se resuelve en el momento.

El abogado, si es de oficio, sólo hará minutos que ha conocido a su defendido y éste –salvo lo que recoja las actas de advertencias, si tuvo el cuidado de leerlas, además de lo dicho frente al tribunal -- no habrá podido presentar nada en su favor. Es un proceso donde, por fuerza, tiene que primar la más absoluta confianza en el hacer de la policía y el fiscal, cosa bien difícil, sobre todo cuando se trata de un opositor.

Es este un proceso largo de exponer --y difícil de entender utilizando los términos de la ley-- y en el que se nota un alto grado de indefensión en el acusado. Por ello muchos letrados llaman a esta ley "engendro anti-legal".

Como puede apreciarse es muy peligro el proceso de peligrosidad.

Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.


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