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La Habana, 25 de junio de 1998, Cuba Free Press.

EL DELITO DE DESACATO EN CUBA Por Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.

La Habana, Cuba Free Press.- Es este uno de los delitos de la actual ley penal que por su empleo contra los opositores al régimen resulta más interesante, sobre todo comparado con la propia figura del derogado Código de Defensa Social, ley 802, del 4 de abril de 1936, que estuvo vigente desde el 8 de octubre de 1938 hasta el 15 de febrero de 1970, y que ha sido la norma penal sustantiva que mayor tiempo se aplicara en el país.

El desacato es un delito que ampara a las autoridades, sus agentes, y funcionarios públicos aunque en ocasiones incluye a otras personas o cargos que ahora no son de nuestro interés.

La figura básica del desacato se mantiene, y así podemos verlo en la coincidencia del artículo 144 del vigente Código Penal con los artículos 257 al 261 del derogado Código de Defensa Social que definía: "Cometen desacato los que hallándose una autoridad en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éstas la calumniaren, insultaren, difamaren, provocaren o injuriaren de hecho o de palabra o la amenazaren." Aunque el artículo 144 se amplía la figura cuando dice: "O de cualquier modo ultraje u ofenda de palabra o por escrito en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público o a sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, con ocasión o con motivo de ellas."

Esta ampliación ofrece una perspectiva diferente en cuanto que cualquier modo de ofensa, y no sólo las tradicionales, configuran el delito y la inclusión, al parecer, de los auxiliares de funcionarios públicos o de la autoridad en los sujetos contra los que puede cometerse este delito.

Más significativo es el inciso 2, del artículo 144 vigente que establece: "Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respeto al prestigio del Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del consejo de Ministros o a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años.

Se observa que, con excepción de los miembros del Consejo de Ministros, todos los amparados por este inciso son los que componen el órgano supremo del poder del estado que representa y expresa la voluntad soberana del todo el pueblo, el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la República, compuesto por diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores. Todo, según los artículos del 69 al 71 de la actual Constitución.

De tal suerte que después de que la población los elige no puede escribir o hablar nada que los ofenda. Lo que parece casi lo mismo que prohibir que se les critique, de manera que los electores al criticar la conducta de sus gobernantes cometerían desacato.

Parece esta una de las razones del silencio de la población que en ciertos contextos se manifiesta contraria al sistema que impera, más aún si analizamos que el vigente Código Penal omite, en defensa del acusado "que pruebe la verdad de lo que expresa" como sí lo recogía el artículo 260-A del Código de Defensa Social que señalaba: "Serán absueltos los acusados de calumnia e injuria a la autoridad si probare el primero el hecho criminal que hubiere imputado y acreditara el segundo la verdad de sus imputaciones."

De la misma forma se omite el amparo que significaba el inciso B, del propio artículo que rezaba: "De la propia manera será absuelto el acusado de provocación cuando la autoridad hubiere sido el causante de la misma por haberse extralimitado en el ejercicio de las funciones que legalmente les correspondía".

Esta figura delictiva, tal como aparece en la vigente ley sustantiva más que propender al respeto a la autoridad y al orden ciudadano, conspira contra la libertad de expresión y constituye una de las dos violaciones institucionales de los derechos humanos que padece la población cubana.

Ofelia Nardo Cruz, Cuba Free Press.


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