Desde Dentro de Cuba

Distribuído Por El Proyecto Cuba Prensa Libre.

La Habana, 17 de abril de 1998.

Propiedad Socialista. Por Ofelia Nardo, Cuba Free Press.

Muchos trabajadores cubanos, hace alrededor de ocho años, realizaron engorrosos trámites para realizar la transferencia de la propiedad de la vivienda que legalmente ocupaba, mediante un contrato de compraventa donde el Banco Popular de Ahorro firmaba en representación del estado, según establece el Artículo 41 de la Ley 65-89, Ley General de la Vivienda, y el trabajador en cuestión se convertía en deudor del estado por el importe del precio que se le calculara a su vivienda según requisitos previstos en la Ley.

El pago de esta deuda se regula en el Artículo 43 de la referida Ley 65-89, y dice: "El cobro de las mensualidades a cuenta del precio de la compraventa, será a solicitud del Banco Popular de Ahorro, mediante retenciones de los salarios, sueldos . . ." Como puede apreciarse el trabajador viene obligado a realizar el pago mediante descuentos, que lógicamente, efectúa el personal correspondiente del centro laboral en la agencia bancaria.

Hoy, numerosos trabajadores y otros tantos desocupados están recibiendo avisos de desalojo por falta de pago.

Cuando protestan en la agencia bancaria, por esta razón se les informa que no consta que su centro de trabajo hubiera ingresado el dinero y que el banco sólo le interesa cobrar lo que se reporta como deuda.

Ya no se trata de cuestionar la supuesta "propiedad" de un inmueble del que no se puede disponer libremente, un bien que aún cuando un documento legal lo declara suyo, no puede cambiar, regalar ni mucho menos, vender, sin la autorización del estado, pues esto último está especialmente prohibido y se le puede incluso estropear. De lo que se trata es que ahora, el trabajador jubilado o desocupado, o aún inactivo, si se detecta esta situación debe volve a pagar lo y pagado. La Ley fué dictada hace 9 años, y desde entonces las deudas decían liquidarse en un máximo de 15 años, para la mayoría de las viviendas y muchos no llegan a los 10 años, pero ahora en ese caso, deberá comenzar otra vez la cuenta.

Al trabajador le queda la posibilidad de buscar las pruebas de que el si pagó, lo que deberá hacer buscando en sus centros laborales las constancias en nóminas, los descuentos, pero puede no encontrarla puesto que muchos centros han desaparecido y con ellos puede que hayan desaparecido las nóminas, y hasta puede descubrir que a pesar de los descuentos, los ingresos al banco no se hayan hecho. Y lo mas probable es que el personal que desarrollaba esa actividad no sea el mismo, de todas maneras tendrá que volver a pagar por otros tantos años.

Por que la Ley obliga y establece la forma de pago por descuento de los salarios u otros haberes, pero no delimita responsabildades en estos casos que parece que no son tan raros, de forma tal que el único responsable y la única responsabilidad bien delimitada es la del trabajador.

En el órden jurídico, como el de un sistema social establecido en nuestro país, es habitual que el individuo, en particular, se vea casi siempre, en total desamparo, porque no existen las garantías para establecer reclamaciones contra entidades estatales como son los centros de trabajo, los bancos y hasta los órganos judiciales, todo lo que conlleva la indefensión del ciudadano. FIN, por Ofelia Nardo, Cuba Press.


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